Según escribe Santiago Lupe en el digital La Izquierda Diario que
"la salida a la luz del chat corporativo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en el que magistrados de juzgados catalanes y de otras zonas del Estado se despachaban sin contención alguna, recuerda mucho al grupo de whatsapp de la policía local madrileña en la que se vertían amenazas e insultos de todo tipo contra miembros de "Ahora Madrid", activistas sociales o inmigrantes. Cuando las cloacas del Estado hablan “off the record”, el tufo de “Estado made in Franquismo” echa “p’atrás”.
"Los magistrados que así se pronuncian - continua argumentando Lupe- son parte de los “imparciales jueces” que deben juzgar a los más de 1.000 investigados por hechos relacionados con el 1-O y el otoño catalán de 2017. Los más de 700 alcaldes imputados, los docentes acusados de adoctrinamiento o las decenas de activistas que han participado en cortes de carretera, concentraciones contra la represión, colgado carteles o abierto alguna web molesta, pueden verse sentados delante de algunos de ellos.
Anonymus, escribe Lupe, ha hecho públicas hasta el momento tres de las identidades de esos jueces. Jose Carlos Martín, ahora destinado en Asturias, Carlos Peinado Domínguez, juez en Girona muy preocupado por “la gripe separatista” y Agustín Vigo Morancho. Este último merece especial atención. Es nada menos que el presidente de la sección 14 de la Audiencia de Barcelona y el pasado mes de marzo absolvió al ultraderechista Jiménez Losantos del delito de atentado al honor por haber tratado de nazis a los participantes de la Diada de 2012. Hoy se entiende mejor su sentencia: él mismo comparaba la actual situación en Catalunya con el ascenso del nazismo en Alemania en el citado chat.
“El golpe de Estado se salda con vencedores y vencidos”. Esta es una se las sentencias más explícitas del espíritu que reina en la Judicatura española. Definitivamente ni en los juzgados catalanes, ni aún menos en la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, habrá juicios con las mínimas garantías democráticas. Y lo que es seguro es que en esta ocasión el CGPJ no actuará con la celeridad y contundencia que hizo contra el juez Federico Vidal, que se atrevió a cuestionar las cargas policiales del 1-O y acabó multado y denunciado por la Fiscalía."
"Ni siquiera las Judicaturas de otros países de Europa respaldan el accionar del Poder Judicial español. Lo cual no quita que si atravesaran crisis de régimen como la del Estado español estos togados garantistas se parecerían más a sus colegas ibéricos. Pero a día de hoy ni la alemana, ni la sueca, ni la escocesa ni la belga respaldan el juicio por rebelión y sedición contra los dirigentes independentistas. Tampoco que un rapero tenga que entrar en prisión por hacer una canción contra el Rey" .
Para Lupe, "el Poder Judicial se encuentra realmente desatado. El gobierno del PP, con el apoyo de la Corona, Cs y el PSOE, decidieron ponerle al frente de la “resolución” de la crisis catalana. Había que aplastar y vencer al independentismo, y quien mejor que esa parte del Estado que no tiene más contrapeso que sí misma, es decir ninguno. Lo único que les puede llamar al orden sería un llamada desde Zarzuela. Pero dudo mucho que les dijera algo diferente que "a por ellos”.
" En los hombros de la “casta” judicial se puso la responsabilidad de imprimir una actualización en clave autoritaria y centralizadora del Régimen del 78. Un rol otorgado que no es una excepcionalidad ibérica. Lo hemos visto y vemos en otras latitudes. Como el golpe contra Dilma en Brasil, que ha tenido su penúltimo episodio en la prohibición al pueblo brasileño de poder elegir a su presidente por parte de la Judicatura con la proscripción de Lula ".
"Así pues Rajoy y Felipe VI no erraron en su elección. Si hay una “casta” del Estado conservadora y reaccionaria digna de este cometido esta es la de la toga. Emparentada por uno y mil lazos con políticos, empresarios y altos mandos de los cuerpos de seguridad, paniaguada con caviar y Moët Chandon (el salario de los magistrados de los altos tribunales puede llegar a los 150.000 al año) y que ha sabido mantener perfectamente -solo comparable a la policía- sus hilos de continuidad con la Judicatura Franquista".
"Hay que recordar, -continúa escribiendo Lupe-, que todos los jueces de la dictadura mantuvieron su cargo en la democracia y la mayor parte fueron promocionados. Los más beneficiados fueron los del Tribunal de Orden Público, el encargado de dictar sentencias contras obreros, estudiantes y militantes de la oposición desde 1963. Muchos pasaron en bloque en 1977 a un tribunal de nueva creación: la Audiencia Nacional.
Expresa Lupe en su artículo que pesar de que han pasado ya más de 40 años, la herencia biológica aún perdura. Por ejemplo, el juez Ismael Moreno, que comenzó su carrera como inspector de la policía franquista hasta dar el salto en 1985 a la Audiencia Nacional. Él fue el que recibió el caso de los “Jordis” hasta pasarselo a la jueza Lamela. Una magistrada más jóven, pero no menos inspirada en la etapa en que se forjó su compañero. Así lo demostró con su sentencia contra los jóvenes de Altsasu -condenados a prisión de entre 2 y 13 años por una pelea de bar con dos guardias civiles- o cuando quiso hacer uso de la ley penal de la dictadura para conservar en su juzgado las querellas de rebelión contra Puigdemont y el resto de consellers" .
"Este es el “pedigrí” de la “casta” judicial del Régimen del 78. Que los partidos del régimen lo toleren y hasta aplaudan, como ha hecho Cs saludando los mensajes del chat en uno de sus arranques de “¡pa’ facha yo!”, es natural. Los partidos independentistas han señalado lo evidente, que los juicios del 1-O no tienen las mínimas garantías, y han pedido la dimisión del presidente del Supremo y el CGPJ, Carlos Lesmes".
"Unidos Podemos no se ha atrevido a ir tan lejos y se han limitado a pedir que el CGPJ abra un expediente de investigación. Una leal y cortés petición en rueda de prensa que es aún más indolora que la petición de una comisión de investigación parlamentaria sobre el caso Corinna que sabían no iba a salir".
"Frente a esta “casta” reaccionaria, dice Lupe, es necesario oponer un programa democrático que plantee medidas elementales como el fin de la elitista carrera judicial, que la elección de jueces sea por sufragio universal, que ninguno pueda cobrar más que el salario medio de un trabajador y que todos los juicios sean por medio de jurados populares", concluye Santiago Lupe.
(*) SANTIAGO LUPE es un comentarista politico del digital "La izquierda Diario"