Son las conclusiones a las que ha arribado el relator de la ONU para los derechos humanos DD.HH., Michel Forst, tras 10 días de recorrido por regiones del país  para evaluar las condiciones en las que se desempeñan los defensores de derechos sociales. 

    Según el funcionario, se observa claramente “un patrón de sistematicidad” en los ataques que han sufrido los líderes y activistas sociales asesinados en el país sudamericano. La situación, aseguró, es "grave y dramática".

    Constató, además, que en su inmensa mayoría  las amenazas y los asesinatos responden  a razones políticas y económicas, como es el caso de los reclamantes de tierra.

    Por otra parte, también se refirió al papel que en este escenario están jugando las grandes compañías extranjeras con inversiones en el país que podrían estar causando daños a la población rural, sobre todo las que operan en la minería extractiva. 

    Al respecto, Forst se mostró impactado por el miedo con el que viven los líderes sociales y sus familias en Colombia. Sobre todo en muchas de las zonas que estuvieron golpeadas por el conflicto armado y donde paradójicamente ha crecido la inseguridad.

    Asimismo, el funcionario de Naciones Unidas denunció los altos niveles de impunidad que hay en el país, lo  cual –consideró- favorece los actos homicidas de los asesinos. En este sentido, se mostró contrariado con las cifras que maneja la Fiscalía General sobre el esclarecimiento de los asesinatos de líderes sociales.

    Sin embargo, suele ser habitual en los casos de denuncias de organismos internacionales, su preocupación llega tarde y sin la repercusión política que, podría impulsar dado el carácter de la propia institución a la que representa.

 En cualquier caso, lo importante es la ratificación de una realidad marcada por la planificación de los asesinatos políticos en un país donde organizaciones defensoras delos DD.Hh. señalan al Estado colombiano  como principal responsable de esta extrema violencia política.